El Congreso de Estados Unidos tiene tiempo hasta el 30 de Septiembre para evitar el cierre del gobierno federal.
Existe la posibilidad de que Estados Unidos experimente un cierre del gobierno federal el 1º de Octubre de 2023. El Congreso parece estar en camino de provocar un cierre del gobierno porque no se espera que apruebe los 12 proyectos de ley de asignaciones que financian las operaciones del gobierno antes del inicio del nuevo año fiscal. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos y el Senado, liderado por los demócratas, tienen hasta el 30 de Septiembre para evitar el cuarto cierre parcial del gobierno estadounidense en una década, aprobando leyes de gasto que el presidente Joe Biden pueda firmar para mantener funcionando las agencias federales.
En la política de Estados Unidos, un cierre de la Administración o cierre del Gobierno (government shutdown), es una situación en la que el gobierno suspende la prestación de todos los servicios públicos, menos los considerados como esenciales. De forma general, los servicios del gobierno federal de Estados Unidos que continúan en activo a pesar del cierre son: el Servicio Meteorológico Nacional y sus agencias filiales; los servicios médicos de las instalaciones federales; el servicio postal; las fuerzas armadas; el control del tráfico aéreo y las prisiones.
El gobierno de Estados Unidos funciona con 12 proyectos de ley aprobados cada año por el Congreso y firmados por el presidente. En años fiscales como éste, cuando no se aprueban los 12 proyectos de ley antes del 1º de Octubre, el Congreso y el presidente mantienen en marcha la maquinaria del gobierno aprobando prórrogas a corto plazo de la financiación actual, conocidas formalmente como resoluciones continuas. Si no se llega a un acuerdo, el gobierno de Estados Unidos tendrá lo que se denomina un déficit de financiación y las agencias federales tendrán que tomar medidas para cerrar.
Durante los cierres, a muchos empleados federales se les dice que no se presenten a trabajar, aunque según una ley de 2019 se les paga retroactivamente cuando finaliza el cierre. Los empleados gubernamentales que brindan lo que se consideran servicios esenciales, como control del tráfico aéreo y aplicación de la ley, continúan trabajando, pero no reciben pago hasta que el Congreso tome medidas para poner fin al cierre.
Beneficios como el Seguro Social y Medicare continúan fluyendo porque están autorizados por el Congreso en leyes que no necesitan aprobación anual (aunque los servicios ofrecidos por las oficinas de beneficios del Seguro Social pueden ser limitados durante un cierre). Además, el Tesoro puede seguir pagando puntualmente los intereses de la deuda.
Un cierre además detiene los préstamos federales a las pequeñas empresas. Durante un cierre, la Administración de Pequeñas Empresas deja de aprobar solicitudes para que las pequeñas empresas obtengan préstamos y garantías de préstamos, normalmente mil millones de dólares al mes. Los cierres pueden provocar retrasos en el procesamiento de solicitudes de pasaportes, beneficios gubernamentales, menos inspecciones de seguridad alimentaria y otros diversos inconvenientes.
Los cierres también conllevan un costo para la economía. La Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) estimó que el cierre de 2018-2019 redujo el Producto Interior Bruto (PIB) en un total de 11,000 millones de dólares, incluidos 3,000 millones que nunca se recuperaron.
