Se procura el interés superior de la niñez y se reivindica el papel de la mujer en la sociedad.
Con el propósito de enriquecer la protección del sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como fortalecer el marco jurídico para garantizar el interés superior de la niñez, la Cámara de Senadores aprobó días atrás (con 104 votos a favor y una abstención), en lo general y particular, una reforma al artículo 282 del Código Civil Federal.
De acuerdo con las comisiones dictaminadoras de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de Estudios Legislativos, Segunda, la fracción VI, párrafos primero y segundo del artículo 282 del Código Civil Federal, contiene vicios de inconstitucionalidad, pues no prevé deberes convencionales expresos a cargo del juzgador, como el referente a tomar en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes, en aquellos procesos que los involucren.
Aunado a esto, explicaron, contiene una disposición normativa basada en estereotipos de género inconexos a la garantía del interés superior del menor.
Con estas consideraciones, el párrafo VI, del artículo 282 del Código Civil Federal, fue reformado para establecer que, en todo caso el juez, previo el procedimiento que fije el código respectivo, tomará en cuenta la opinión de niñas, niños y adolescentes involucrados en función de su edad y madurez y resolverá lo conducente garantizando el interés superior de la niñez.
La presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, precisó que se armoniza la legislación civil con la Convención sobre los Derechos del Niño, que prevé la obligación de que se dará a las niñas, niños y adolescentes, oportunidad de ser escuchados en todo procedimiento judicial o administrativo que les afecte en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional.
Señaló Vázquez Mota que ante el incremento de divorcios (cerca de 150 mil, en 2017, con tendencia creciente) es necesario contar con mecanismos para salvaguardar el interés de las niñas niños y adolescentes por lo que, añadió, se busca garantizar el derecho a expresar sus opiniones y ser parte, en lo que respecta a un divorcio, bajo la visión de su interés superior.
Esto, dijo, es parte del reconocimiento de niñas niños y adolescentes como sujetos de derecho y como actores fundamentales en la decisión y la de vida de sus padres, así como lo es escuchar los testimonios de su experiencia y de su propia vida.
La senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, precisó que la estigmatización de la abnegación y la virtud en el cuidado de la familia solo hacia las mujeres, es violencia.
Destacó que el artículo mencionado establece una presunción legal sobre la convencionalidad de que las y los menores de 7 años de edad, deben quedar a cargo de la madre en caso de separación de los progenitores, siendo una medida legal que proyecta un mensaje estigmatizador hacia la mujer, perpetúa estereotipos de género y es contrario al derecho a la igualdad y no discriminación previstos en la Constitución.
Asimismo, explicó que la reforma prevé que el juzgador se sujete al mandato constitucional de tutela efectiva de menores y adolescentes, ponderando todos los objetos de prueba ofrecidos en el juicio, a fin de que su resolución se sustente únicamente en criterios objetivos sin que el sexo de los progenitores sea un factor determinante y, que tome en cuenta la opinión de las y los menores en atención a su edad y nivel de desarrollo.
La senadora del PT, Nancy de la Sierra Arámburo, afirmó que con la propuesta se busca abonar y erradicar la falsa premisa de que el cuidado de las y los niños es exclusivo de las mujeres y enfatizó que es obligación de los padres cumplir con la crianza, así como velar por el interés general de la niñez.
De la Sierra resaltó que los jueces, en lugar de basarse en las capacidades de los progenitores, han implementado que, por el simple hecho de ser mujeres, los menores deben quedarse con las madres y por ser hombres, son privados a este derecho.
